El Observatorio de Universidades registró cincuenta y nueve (59) protestas y cincuenta y siete (57) denuncias por la exigencia de salarios justos durante los primeros cinco meses de 2026.
El derecho a un salario digno y las reivindicaciones económicas continúan siendo el principal motor de la conflictividad en el sector universitario en Venezuela. En lo que va de 2026, de acuerdo con el monitoreo de prensa del Observatorio de Universidades #MonitorOBU, se registraron 59 protestas, lideradas por los gremios de profesores y sindicatos de trabajadores universitarios. Los meses con mayor número de acciones reivindicativas fueron abril con 18 y marzo con 12.
De igual forma, el OBU contabilizó 57 denuncias por derechos económicos y sociales frente a las autoridades del gobierno venezolano. Estas manifestaciones, lejos de encontrar soluciones, coinciden con la agudización de políticas de segregación salarial y bonificación del ingreso que precarizan la vida de los universitarios.
Inestabilidad ministerial y opacidad institucional
La crisis de la educación superior en Venezuela se desarrolla en un contexto de alta inestabilidad en la gestión pública. Tras el reciente nombramiento de Ana María Sanjuán como titular del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), en sustitución de Ricardo Sánchez, las federaciones y asociaciones de profesores han recordado el impacto de la constante rotación de liderazgos en esta cartera.
En la práctica, la política pública mantiene una misma orientación: la destrucción del salario. Los académicos venezolanos siguen siendo los peores pagados de toda América, por debajo de los docentes haitianos, cubanos y nicaragüenses.
En lo que va de siglo, el ministerio ha acumulado un total de 19 ministros, sin que haya existido alguna reorientación política que garantice el respeto de los derechos constitucionales de los académicos y trabajadores universitarios.
Las decisiones que se han tomado en materia salarial durante el siglo han sido bajo esquemas de alta arbitrariedad y opacidad, sin considerar la participación de los actores involucrados.
Al respecto, muchas de las consecuencias acumuladas son irreversibles y han condenado a los académicos venezolanos a condiciones de vida multidimensionalmente precarias, como se ha visto reflejado en la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Universitaria del Observatorio de Universidades ENOBU.
Caos y exclusión en el pago de bonos
La más reciente expresión de la continuidad de la política laboral regresiva, es la asignación del bono de «Responsabilidad Profesional». Los pronunciamientos emitidos por las principales asociaciones de profesores del país, tales como la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), la Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (APUCLA) y la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), revelan que la medida ha dejado un saldo masivo de exclusión que supera el 75% del personal a nivel nacional.
El impacto de este “pago caótico” como ha sido definido por el profesor Gregorio Afonso de la APUCV ha sido documentado activamente en las distintas regiones. La Asociación de Profesores de La Universidad Central de Venezuela (APUCV) reporta que el 96,03% del personal activo contratado no percibió el pago, mientras que el 54,95% de los docentes ordinarios activos y el 95,28% del personal jubilado quedaron completamente desincorporados del beneficio.
La Asociación de Profesores de La Universidad de Los Andes (APULA), denunció la exclusión total de los docentes jubilados del derecho a recibir el bono de profesionalización, vulnerando los principios de igualdad y homologación.
La Asociación de Profesores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (APUCLA) manifestó que la opacidad en el manejo de las nóminas por parte del ministerio ha provocado impagos masivos bajo el argumento oficial de retrasos en la carga o actualización de datos informativos del personal.
Frente a este panorama, el Observatorio de Universidades (OBU) exhorta con carácter de urgencia a las autoridades a rectificar los mecanismos de asignación y atender de forma inmediata las solicitudes legítimas del profesorado y el personal universitario.
Toda política laboral impulsada desde el Estado venezolano debe sustentarse en los principios consagrados en el artículo 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales.