Con base en el último reporte de MonitorOBU correspondiente al mes de julio de 2025, el Observatorio de Universidades (OBU) identificó un aumento de las denuncias por la violación a la autonomía universitaria de 309% en relación a las realizadas durante el primer semestre del año.
En julio, el 86% de las denuncias registradas fueron por vulneración a la autonomía universitaria, distintos actores de las universidades venezolanas no controladas por el gobierno, han reaccionado activamente ante lo que consideran una violación al principio constitucional de la autonomía, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV, logrando que el 86% de las denuncias, durante el séptimo mes del año, fueran en contra de decisiones que atentan contra la institucionalidad de la academia venezolana.
El monitoreo de OBU destaca que el 69% de las informaciones contabilizadas durante el mes se refieren a las universidades autónomas y experimentales no contraladas, mientras que el 31% de las informaciones se registran de las instituciones contraladas por el ejecutivo, que suelen publicar sólo noticias sobre las actividades ordinarias del quehacer académico.
Apoyo a la autonomía
El 28 de junio el Consejo Nacional de Universidades (CNU), aprobó que “las pruebas internas o diagnósticas no se aplicarán ni cobrarán como parte de los procesos de admisión de universidades de gestión pública” pretendiendo acabar los ya reducidos mecanismos de ingreso que cada universidad tiene derecho a establecer. La UCV, en un comunicado, anunció que continuará con Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (SIMADI) para garantizar la calidad y la equidad, defendiendo lo dispuesto, según expresa el texto, en el artículo 109 de la Constitución y en la Ley de Universidades.
Distintas casas de estudios, como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (UNIMET), han unido su voz a la denuncia. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), de la cual forman parte estas y otras instituciones, ha manifestado su rechazo a las acciones del gobierno, asegurando que “los rectores siempre estaremos al lado de la defensa de su autonomía, de su libertad, de su pluralidad y de la democracia”, expresa un comunicado.
Organizaciones del movimiento estudiantil, también denunciaron la medida, enfatizando que “la autonomía universitaria no es privilegio; es una condición necesaria para el desarrollo de una sociedad libre, justa y democrática”, según comunicado firmado, entre otros, por las federaciones de centros universitarios de la Universidad de los Andes, Universidad del Zulia, Universidad de Oriente, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Carabobo y la Universidad Central de Venezuela.
Otra acción más contra la autonomía
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Venezuela se violan principios clave de la autonomía y libertad académica. La CIDH ha documentado como el Estado interfiere en las universidades a través de la reducción de presupuestos, la toma de bienes y el control de nóminas, lo que afecta su autonomía financiera. Además, denuncia la intromisión en los procesos de elección de autoridades y en los sistemas de admisión, así como el hostigamiento a docentes y estudiantes. Todo esto viola el principio de la inviolabilidad del espacio académico, menoscabando la independencia de las instituciones y generando un clima de censura y represión.
Las consecuencias humanas de la violación a la autonomía universitaria
En un contexto de deterioro institucional y de violaciones a la autonomía, la situación de bienestar de los profesores universitarios se agrava. En julio de 2025, los docentes cobraron un bono vacacional que apenas representa el 1.15% del valor que tuvo en 2002. Esta devaluación representa una pérdida abismal del poder adquisitivo: mientras en 2002 un académico podía comprar 37 canastas básicas, hoy necesitaría 10 bonos más para adquirir una sola, cuyo costo supera los 500 dólares, según el Cendas-FVM. Este colapso se ha gestado a lo largo de 23 años, e incluso en los períodos de mayor crecimiento económico del siglo XXI, el bono se redujo a menos de la mitad.
A la fecha, los universitarios acumulan más de tres años sin un aumento salarial, lo que ha resultado en una pérdida del 95% de su bono entre 2022 y 2025. Este empobrecimiento, que deja a los docentes venezolanos entre los más pobres de América, compromete la capacidad del país para garantizar el derecho a una educación de calidad.
No hay respuestas del MPPEU
De las 318 publicaciones provenientes de las cuentas oficiales del MPPEU, el 57% se dedicó a la difusión de efemérides y proselitismo político, lo que sugiere un enfoque de la cartera ministerial más centrado en la propaganda que en la resolución de los problemas universitarios. A pesar de ello, MonitorOBU, contabilizó en julio siete denuncias por derechos laborales y cuatro protestas por la misma razón.
Estos datos confirman un clima de conflicto entre las autoridades gubernamentales y las instituciones de educación superior, con graves consecuencias para la independencia académica y los derechos laborales de la comunidad universitaria. La reiterada defensa de la autonomía por parte de universidades como la UCV y otros actores del sector subraya la urgencia de preservar estos principios constitucionales en el país.